Las organizaciones Ágora Feminista de Albacete y Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha han enviado una carta a la Consejería de Igualdad y a la de Sanidad expresando "preocupación sobre el derecho al aborto en la Sanidad pública". Una misiva a la que se han unido más de 25 asociaciones, entre las que están la Coordinadora 8M de Albacete, la Plataforma Feminista de Guadalajara, la Plataforma 8M de Toledo o Feministas de Pueblo, además de organizaciones sindicales como Comisiones Obreras, UGT, Intersindical y CGT.

Tal y como ha venido informando EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, en Castilla-La mancha, todos los sanitarios de hospitales públicos están acogidos a la objeción de conciencia, por lo que no practican interrupciones voluntarias a menos que haya riesgo en la salud de la madre o del feto. Según los datos de 2022 del Ministerio de Sanidad, solo hubo dos centros sanitarios, ambos privados, donde las mujeres pueden abortar, si bien es cierto que pueden hacerlo sin coste ya que son derivadas desde la Sanidad pública.

Por todo ello, las entidades firmantes de la carta consideran que la objeción de conciencia es un derecho "individual", por lo que "no se puede objetar por servicios". Una crítica que lleva a los colectivos a solicitar información sobre las medidas que está llevando a cabo la Junta para garantizar este procedimiento en el ámbito geográfico de las usuarias del Sistema Nacional de Salud en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio.

[Todos los médicos de los hospitales públicos de Castilla-La Mancha son objetores frente al aborto]

Registro de objetores

La petición también recuerda que la reforma de la Ley del Aborto en 2023, establece en su artículo 19 que "a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación, las comunidades crearán un registro de profesionales sanitarios que decidan objetar por motivos de conciencia y que quienes se declaren objetores al aborto lo serán tanto en la Sanidad pública como en la privada".

Un registro que "no está implantado en Castilla-La Mancha", mientras la Consejería de Sanidad ha indicado que todavía "se encuentra en fase de consulta pública previa el proyecto de Decreto del Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo".

Intimidación a las mujeres

Por otro lado, las organizaciones firmantes han denunciado en "acoso" que reciben las mujeres que acuden a las clínicas autorizadas a practicar interrupciones voluntarias del embarazo.

"Grupos organizados antielección coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos y proclamas contra el aborto a las puertas de los centros, con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión mediante la intimidación y el hostigamiento", han criticado.

Información sobre el Comité Clínico

Por último, las organizaciones firmantes de la carta reclaman al Gobierno regional información sobre el funcionamiento del Comité Clínico que ha de ratificar que se da un motivo médico para la interrupción del embarazo cuando se solicita después de la semana 22, así como datos de cuántas peticiones fueron resueltas favorablemente y denegadas desde julio de 2010 hasta la fecha.

Además de las preocupaciones de la carta, Ágora Feminista y Amnistía Internacional solicitarán a la Consejería de Sanidad que se elabore y haga público un protocolo accesible que facilite información sobre la interrupción voluntaria de embarazo, las diferentes formas de realizarla y el acceso a los centros.